El Nuevo Modelo de la Gestión
Pública: un engranaje primordial de la Contratación Estatal como el parteaguas para genera Valor Público
El valor público es el resultado que logra evidenciar desde los indicadores
sociales, económicos y la realidad, el progreso y el bienestar de una sociedad
y frente a ello, se subraya :
El concepto de valor público se
encuentra referido al valor creado por el Estado a través de la calidad de los
servicios que presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el
bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas
que buscan satisfacer necesidades propias de la población (Escobar, citado por
Función Pública, 2016,s.p).
Y, que para tales efectos enmarca los medios que el Estado y su gobierno deben
utilizar conforme a sus fines constitucionales y la Ley. En ese sentido, podemos hacer referencia a
Colombia quien como principio fundamental se establece como un Estado social de
derecho y el cual desde sus fines esenciales busca servir a la población
colombiana desde sus distintos territorios y comunidades alrededor de su
bienestar y progreso.
Conforme a ello, es un progreso y
bienestar que nos concierne a todos y que obedece al principio del interés
general, en donde debe primar la democracia no solo desde la representación
sino que además requiere una participación activa y directa que tenga
protagonismo y que pueda contribuir en
aquellas decisiones, acciones u omisiones que se dan en
la vida y los procesos de la “económica ”, la “política”, la “administración pública ” y “cultural” del
Estado colombiano, que
tanto nos concierne a todos y que pueden
impactar de un modo positivo o negativo para el progreso y bienestar con
calidad de vida y se pueda genere el valor público ( Constitución
Política de Colombia, 1991).
Dicho esto, para que exista el valor
público se requiere que el Estado y su forma de gobierno a través de las
autoridades competentes que representan las distintas entidades puedan trabajar
por el bienestar y progreso de la población con ética y moral, solucionando sus
necesidades y problemas por medio de bienes y servicios que proporcionen:
salud, vivienda, educación, alimentación etc. Frente a esto, el modelo de la NGP encaja perfecto como un medio indispensable; ya que, siguiendo
los apuntes de Simbaqueba (2016) la
administración pública en Colombia desde el paradigma de la NGP y lo que ha
representado para otros países desarrollados como Estados Unidos y de
Europa, ha incorporado para dar valor
público los principios constitucionales como:
la eficacia, la eficiencia, la economía,
la descentralización, la adecuación del estatuto de contratación y la
expedición de normas de racionalización (Simbaqueba, 2016).Asimismo, se subraya
lo siguiente:
La función administrativa se
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los
atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad
y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la
prestación de servicios públicos, en cuánto fueren compatibles con su
naturaleza y régimen (Ley 489 de 1998, Art.3).
Desde estos aspectos, hay que decir entonces que la Nueva Gestión Pública
es el modelo perfecto que las
autoridades competentes deben poner en práctica en cada una de sus
administraciones trayendo a colación la administración de los poderes ejecutivo
desde la parte central y descentralizada
quienes deberán generar valor público desde la eficiencia y la eficacia
de la administración como sinónimo de buenos resultados, alejándose de la
burocracia y la corrupción, en primera
medida: optando por una gestión adecuada de los recursos económicos existentes
y aquellos que lo generan desde su: cuidado, ahorro y distribución equitativa
en el marco de la renta y la inversión pública
de programas y proyectos que conllevan a la contratación Estatal. Par
tal efecto, contemplando las políticas públicas desde la política económica:
Fiscal y su regla del 2011, monetaria, comercio exterior y las políticas
sociales: educación, vivienda, salud, empleo, alimentación entre otras. Es así,
como Simbaqueba (2016) menciono:
Vale la pena decir que desde el plano teórico, la NGP asume el término de
políticas públicas de gestión como “las reglas institucionales generales de
gobierno en las
áreas de: planeación de gastos y gestión financiera; función pública y
relaciones laborales; contratación; organización, métodos y tecnologías de
administración; auditorías, controles y evaluación administra (Barzelay, 2003,
citado por Chica, 2011, p. 68) (p.202).
Por tal motivo, la NGP es un engranaje primordial de la Contratación
Estatal y cobra protagonismo, y se enmarca en los principios de: planeación,
transparencia, responsabilidad y
economía, contemplando que la contratación Estatal como ya se mencionó conlleva a la
inversión de la ejecución e implementación de proyectos y programas para la entrega de bienes y servicios (que
mitigan las problemáticas sociales y que contribuyen a su desarrollo con
calidad de vida en el marco de la articulación de los Planes de Desarrollo: Nacional, Departamental
y Municipal), generando valor Público.
De esta manera, la contratación
Estatal durante sus diferentes
etapas requiere buenas prácticas que
enmarquen: derechos y deberes desde el ejerció de un compromiso con la
transparencia de la gestión pública que deberá ser promovida en primera medida
por el jefe de la administración ya sea:
Nacional, Departamental o Territorial que busque alejarse de la
burocracia tradicional y la corrupción, esto desde una sinergia con los administrados desde su
participación que contribuya a los buenos resultados de la labor administrativa
desde su control y vigilancia que a su
vez esta última le aportara a la
labor de los entes de control como la Contraloría en la vigilancia fiscal y la
búsqueda de sus buenos resultados, a la Procuraduría desde la prevención y
vigilancia en la disciplina de las actuaciones administrativas de la mano de la defensoría del pueblo en la
defensa de los derechos humanos (Constitución Política de Colombia, 1991).
Autor: Alejandra Maria Castro Arboleda.
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